La investigación de cinco años por un eventual fraude al fisco relacionado con el pago de una bonificación compensatoria de zona extrema a asistentes de la educación municipal de Coyhaique avanzó a la etapa intermedia, luego de que el Ministerio Público presentara recientemente acusación contra siete imputados, entre ellos el exalcalde Alejandro Huala.
La causa, tramitada ante el Juzgado de Garantía de Coyhaique, se originó a partir de una querella presentada por la Municipalidad de Coyhaique por eventuales irregularidades vinculadas al reconocimiento y pago de este beneficio.
Según los antecedentes expuestos en la causa, los hechos se relacionan con dos avenimientos alcanzados en causas laborales, mediante los cuales se reconoció y mantuvo el pago de la bonificación, pese a pronunciamientos previos de la Contraloría General de la República (CGR) que cuestionaban su procedencia.
Investigación cerrada
Según el informe en derecho, la investigación fue formalmente cerrada el jueves 3 de septiembre respecto de los acusados. Posteriormente, el Ministerio Público presentó acusación por el delito de fraude al fisco, previsto en el artículo 239 del Código Penal, atribuyendo a los siete acusados participación en calidad de autores.
La Fiscalía sostiene que el perjuicio fiscal asociado a los pagos cuestionados supera las 400 UTM ($28.688.400). Los antecedentes citados incluyen el informe final de la Contraloría Regional de Aysén, que estableció pagos por $149.657.904, además de una posterior ejecución laboral por $79.855.061.
Audiencia de preparación fijada para octubre
Mediante una resolución del viernes 11 de septiembre, el Juzgado de Garantía de Coyhaique tuvo por presentada la acusación y fijó para el miércoles 14 de octubre, a las 09:00, la audiencia de preparación de juicio oral.
En esta instancia, las defensas podrán formular observaciones a la acusación, plantear las excepciones que correspondan y ofrecer la prueba que pretendan presentar durante un eventual juicio oral.
La Municipalidad de Coyhaique, en calidad de querellante, se adhirió íntegramente a la acusación del Ministerio Público. Esta presentación fue acogida por el tribunal mediante resolución del 15 de septiembre.
Participación de tres exconcejales
Uno de los aspectos abordados en el informe corresponde a la situación de los exconcejales Franklin Hernández, Ricardo Cantín (autoridad en ejercicio) y Doris Ximena Carrasco, quienes, según la tesis del Ministerio Público, habrían intervenido en la aprobación de los dos avenimientos cuestionados.
La acusación fiscal sitúa el origen del mecanismo investigado entre junio y septiembre de 2018, período en que, según sostiene, el entonces alcalde Alejandro Huala Canumán y el exdirector jurídico Waldemar Sanhueza Quiniyao habrían promovido acciones judiciales laborales y posteriores avenimientos con el objetivo de reanudar el pago de la bonificación.
Respecto de los tres exconcejales, la acusación los vincula principalmente con su participación en dos sesiones del Concejo Municipal, en octubre de 2018 y febrero de 2019.
La tesis de la Fiscalía
Según la acusación, el Ministerio Público sostiene que los concejales conocían los cuestionamientos formulados por Contraloría respecto de la bonificación y que, al aprobar ambos acuerdos, habrían intervenido en operaciones propias de sus cargos con una finalidad defraudatoria.
El informe en derecho, sin embargo, plantea como elemento relevante para la defensa que la propia acusación no sitúa a los tres exconcejales en la etapa inicial de creación o planificación del mecanismo investigado, sino que los incorpora posteriormente a partir de su participación en las sesiones del Concejo Municipal.
La causa se encuentra actualmente en la etapa intermedia del procedimiento ordinario, a la espera de la audiencia de preparación de juicio oral fijada para octubre.
Fuente Diario Regional Aysen