La representante de Aysén calificó como una "indolencia inaceptable" la reducción de un
14,5% en los fondos destinados a financiar tratamientos de alto costo, equivalentes a más
de $28.200 millones. Ordenes alertó que este ajuste agrava la congelación de nuevas
patologías urgentes como la atrofia muscular espinal, la acondroplasia y cánceres
metastásicos, sumado a una tijera de casi $78 mil millones a la red pública de hospitales.
Un categórico rechazo manifestó la senadora Ximena Órdenes Neira ante los recortes
contemplados en la partida de Salud del proyecto de Ley de Presupuestos 2027. La
parlamentaria apuntó directamente a la reducción en las transferencias corrientes de
Fonasa para la Ley N° 20.850 –Ley Ricarte Soto–, cuyos fondos disminuyen un 14,5%
respecto al año anterior, pasando de $189.695 millones a $166.951 millones. Esto
representa una merma de más de $28.200 millones.
Para la legisladora aysenina, este tijeretazo presupuestario profundiza una crisis que
arrastra el sistema desde el 2021, período desde el cual no se han ingresado nuevas
patologías de alto costo bajo la cobertura de este fondo debido a problemas de
sostenibilidad fiscal. Con esta merma de recursos, quedan postergadas enfermedades
urgentes que esperan su incorporación.
Al respecto, Ximena Órdenes sostuvo: “El proyecto de Presupuesto 2027 refleja una
indolencia inaceptable con la salud pública. En la Ley Ricarte Soto vemos un recorte
directo del 14,5%, que significa despojar al fondo de más de 28.200 millones de pesos.
Esto no solo frena el ingreso de patologías urgentes como la Atrofia Muscular Espinal
(AME), la Acondroplasia o cánceres metastásicos con inmunoterapia avanzada, sino que
congela completamente la entrada de nuevas enfermedades”.
En esa misma línea, la legisladora alertó que la reducción presupuestaria golpea de
manera simultánea al financiamiento operacional de la red de salud pública en todo el país.
En el Programa de Prestaciones Institucionales (PPI) —vía por la cual Fonasa transfiere
recursos a los Servicios de Salud y hospitales públicos— se registra una disminución del
3,1%, traducida en una reducción de más de $77.965 millones.
Sobre este punto, la senadora Órdenes enfatizó la gravedad de recortar recursos a la
atención médica estatal: “A esto se suma la tijera de casi 78 mil millones de pesos al
Programa de Prestaciones Institucionales, golpeando directamente a la red de hospitales
públicos que ya opera en el límite. Como senadora, no voy a respaldar un presupuesto que
le quita recursos a las familias que enfrentan una enfermedad de alto costo”.
Cabe recordar que la Ley Ricarte Soto otorga actualmente protección financiera para 27
patologías de alto costo en el país. Sin embargo, la falta de actualización del decreto y los
recortes en el gasto público amenazan la continuidad operacional y la cobertura de
tratamientos esenciales para miles de pacientes en regiones como Aysén y a nivel
nacional. Solo entre el 2023 y 2025 se registró un aumento de 57 mil a 75 mil beneficiarios.